Se aprobó una ordenanza que exige a los funcionarios municipales la realización de un test antidroga    

La iniciativa establece la realización de un examen anual de detección de sustancias psicoactivas ilegales para la permanencia en los cargos de la función pública. El proyecto le pertenece al concejal del Bloque Unidos por San Luis, Andrés Forgione (PRO), quien lo presentó en agosto del año pasado.

En su momento fundamentó que un funcionario “debe servir a los ciudadanos en uso de sus máximas capacidades cognitivas y las drogas van en detrimento de esto”. Consideró que “el abuso de sustancias psicoactivas es un problema que atraviesa a la sociedad en su conjunto”, y que por lo tanto “un funcionario tiene el deber de actuar en consecuencia para luchar contra este flagelo”.

El proyecto logró el dictamen de la comisión de Interpretación y Asuntos Legales y pudo ser tratado este martes en el Concejo Deliberante.

La sanción de la ordenanza se dio en el marco de un sesión que algunos concejales oficialistas apoyaron un proyecto de comunicación que presentó la oposición para que el intendente Maximiliano Frontera diga en qué gastó los $800 millones que recibió que recibió en concepto de adelanto de coparticipación para destinar a la reparación de daños causados por el temporal del 26 de enero.  

Otro dato que fue confirmado oficialmente fue la renuncia de Luis Zapata a la vicepresidencia del Concejo Deliberante, y al momento ese lugar está vacante.

“Gracias a la comisión por emitir despacho, esto fue sorpresivo y me llena de alegría. Aprobar este proyecto es dar un ejemplo a la sociedad y mostrar que las drogas matan”, transmitió Forgione cuando la votación fue por unanimidad.

Desde la comisión, donde se hicieron modificaciones, transmitieron que “la idea generar la mayor transparencia posible en la gestión pública, y brindarle a la sociedad una directriz de lo que debe ser”, comenzando por los funcionarios municipales en todas sus esferas.

Deberán someterse al test de drogas miembros del Departamento Ejecutivo Municipal: intendente, secretarios/as, subsecretarios/as; miembros jerárquicos de Obras Sanitarias Mercedes; concejales, secretarios/as y prosecretarios del Honorable Concejo Deliberante; controladores municipales, miembros Jerárquicos del Tribunal de Controlar Municipal; miembros jerárquicos del Tribunal de Faltas Municipal.

En el artículo 3º establece que los funcionarios deberán realizarse con carácter obligatorio el examen de detección de metabólicos de drogas en orina en dos muestras identificadas como frasco A y frasco B, las que deberán ser selladas y firmadas por las partes para determinar la presencia de sustancias psicoactivas ilegales en sus organismos.

El examen comenzará a concretarse en un plazo de cuatro meses desde la puesta en vigencia de la ordenanza con periodicidad de un año, comenzando por los concejales. Este procedimiento podrá ser reemplazado por otros exámenes médicos y/o bioquímicos, en función de su mayor precisión y efectividad.

El Policlínico de Villa Mercedes será el organismo de ejecución.

En el caso que el examen diera positivo, según indica el artículo 4º, el funcionario tendrá derecho a exigir una contraprueba, dentro de los diez días hábiles siguientes al resultado realizado al frasco A, utilizando el frasco B, acompañado por un perito bioquímico de parte que designe el interesado.

Si se detectaran drogas ilegales en los funcionarios designados, eso será causal de cese en la función pública; y en el funcionario electo, se ejecutará la suspensión o la revocación del mandato sujeto al procedimiento previsto por la Carta Orgánica Municipal.

Fija además que durante “todo el proceso el funcionario tendrá el más amplio derecho de defensa y gozará de todas las garantías constitucionales”. Y que además “el Departamento Ejecutivo Municipal garantizará la asistencia médica y los tratamientos correspondientes en caso que resulte necesario”.